jueves, 9 de febrero de 2012

DESALOJO Y MITIN denTRO ASAMBLEa LEjislativa

diputados indigenas tomaron la testera de la camara de diputados para impedir que esta sesione y apruebe la ley de consulta post...

la bancada del oficialismo, tras el desmarque del bloque indigena, perdio los 2/3 que necesitan para las aprobaciones de sus proyectos de ley...sin embargo ya corren las denunicias del dinero que esta circulando a diputados de la derecha en busca de su apoyo, específicamente en la aprovacion de esta ley...

cerca a las 18 hrs la asamblea se reinstalo, y la bancada indigena la abandono, para fortalecer la resitencia encarnada con la vigilia fuera, en la plaza murillo.-.donde se encontraba un bloque  indigena de la CIDOB, CONAMAQ y ACTIVISTAS URBAnS VirIos

hace media hora el gobierno responde con violencia y DESALOJA esta vigilia, pacifica..e impone el orden hegemonico y dominante

la ironio del desastre es q esta ley trata la consulta...y ante la minima manifestacion de descontento no se consulta si no se reprime....este es el cambio que queremos???

una consulta redactada por los gendarme y serviles al poder y con el pueblo fuera y reprimido...
ese es el cambio que queremos...

MUERTE al PODER...
...la RESISTENCIA CONTINUa..
enn tiempos de guerra....AUQAPACHA..

rumbo al pachacuti

PANAMÁ: CORTAN COMUNICACION CELULAR E INTERNET EN AREA DE LUCHA ANTIMINERA


Radio Temblor. COMUNICADO DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES EN LA LUCHA ANTIMINERA EN PANAMÁ
Desde la mañana de hoy, tras la conferencia de prensa del gobierno, que duró menos de 10 minutos, queda demostrado que el gobierno en vez de abrir vías de dialogo lo que quiere es utilizar la fuerza.
Al mediodía, el candidato independiente a la Presidencia de la República , por parte de los sectores populares, Juan Jovane, manifestó en conferencia de prensa su total solidaridad con la lucha encabezada por la Coordinadora de Lucha del Pueblo Ngabe, en contra de la negativa del gobierno nacional a cumplir con los acuerdos de San Felix del año pasado. Estos acuerdos incluían la prohibición total de las concesiones mineras en las áreas indígenas en nuestro país. Además Jovane, declaro el inicio de acciones de solidaridad por parte de diversos sectores populares. Participaron de la conferencia, organizaciones populares como ULIP, MJP, Partido del Pueblo, MPU, entre otras.
En la tarde, compañeros Ngabe Bugle residentes en ciudad de Panamá realizan un piqueteo frente a la Asamblea de Diputados e inician una marcha por las calles de la capital en apoyo a las movilizaciones que realizan sus hermanos que se encuentran en la Vía Panamericana a la altura de San Félix. Con los hermanos Ngabe caminan compañeros de diferentes organizaciones sociales y ciudadanos solidarios con la lucha antiminera y con los derechos de los pueblos a participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Esta acción es parte de las que se están realizando en gran parte del territorio nacional, con lo cual se demuestra que la lucha del Pueblo Ngabe Bugle en contra del Modelo Extractivo Minero cada vez recibe más apoyo y simpatía entre los distintos sectores del pueblo panameño y que de no encontrar una respuesta positiva del gobierno nacional puede tornarse imprevisible.
A tempranas horas de la noche, diferentes organizaciones solidarias nacionales e internacionales han tratado de comunicarse infructuosamente con los compañeros de la Comarca Ngöbe Bugléa traves de lineas de celular e internet. solo hay señal de la empresa Claro Panamá. Los teléfonos públicos de Cable & Wireless, y los celulares de las compañías Digicel y Movistar no funcionan.
Hacemos el llamado a la comunidad nacional e internacional por la inminente represión que se acerca a estas horas en la población.
NOTAS:

miércoles, 8 de febrero de 2012

Gobierno estableció que 33% del TIPNIS es área petrolera y suscribió contratos de exploración


El gobierno de Evo Morales estableció que el 33 por ciento de TIPNIS es área petrolera y desde el 2008 suscribió  contratos de exploración y explotación con empresas.
 
El Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establecieron que más de un tercio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); es decir, que 358 mil hectáreas fueron comprobadas mediante el cruce de mapas geoespaciales como potencialmente hidrocarburífero.
 
El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Javier Gómez, manifestó a Erbol que en los trabajos de “delimitaciones de YPFB, el 33 por ciento (del territorio) es potencial para la exploración petrolera. Lo que si sabemos, en este momento, en los límites del TIPNIS se está haciendo o hay posibilidades de exploración, pero no tenemos conocimiento de procesos de producción”.
 
La Ley 3911, mediante un contrato suscrito entre el Gobierno de Morales y la estatal YPFB y YPFB-Petroandina SAM autoriza la exploración y explotación en las áreas reservadas de Iñau, Iñiguazú, Tiácia y Securé, Madidi, Chispani, Llikimuni, Chepite y el Aguarague Norte, Centro, Sur “A” y “B”. Las áreas de Chispani y Sécure son parte del TIPNIS.

Según los datos, el 20 por ciento del área, 306.640 hectáreas, forman parte del bloque Sécure y el 30 por ciento, 7.100 hectáreas, de Chispani; ambos son del TIPNIS.
 
El contrato anterior contempla las actividades de aerogravimetría, magnetotelúrica, geología de superficie y sísmica 3D que no se efectuaron por falta de licencias ambientales, Entonces, efectuar los trabajos anteriores sin el beneplácito de carácter ambiental constituirá una violación a la Constitución Política del Estado, según Gómez.
 
Por tanto, el mismo presidente de YPFB, Carlos Villegas, manifestó la necesidad de efectuar la reforma de la Ley 1333 de Medio Ambiente, “intentando de traspasar, de alguna manera, la potestad del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, pasar al Ministerio de Hidrocarburos, para que ellos aprueben la ficha ambiental”. Los derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas les molestan, argumentó.
 
La investigadora Sarela Paz, que realizó la evaluación estratégica ambiental del TIPNIS, reveló a Erbol que la administración de Morales otorgó concesiones petroleras a Petroandina y Petrobras en los territorios del Sécure e Ichoa, en franco desconocimiento de la zonificación del parque nacional efectuado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), en 2001.
 
Por su lado, la presidenta del pueblo moxeño trinitario en la zona sur del TIPNIS, Cecilia Moyoviri, indicó que su organización considera ilegal el contrato entre el Ejecutivo y las petroleras porque no informaron y menos consultaron a los comunarios.

La Paz, 8 febrero 2012 – F.C.

martes, 7 de febrero de 2012

Comunicado urgente sobre represión en Panamá

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Lunes 06 de Febrero de 2012 22:44 | Escrito por Coordinación Nacional | Descripción: PDF Descripción: Imprimir Descripción: Correo electrónico
Comunicado

Servicio de Paz y Justicia SERPAJ - Panamá
Nuestra agrupación desea divulgar a la faz del país y de la comunidad internacional, nuestro más enérgico repudio a la represión desatada en la madrugada de hoy, por efectivos de la Policía Nacional, por instrucciones del gobierno de Ricardo Martinelli, Presidente de la República contra la población indígena ngäbe-buglé que llevaba a cabo protestas en la Carretera Interamericana, desde hace cinco días, contra el Proyecto de Ley No 415, sobre minería, que se debate en la Asamblea Nacional, por no incluir el artículo 5, que protegía los recursos minerales e hídricos dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé, pactado entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe-buglé y el gobierno nacional.

Dicha Coordinadora había realizado manifestaciones de inconformidad  el año pasado, precisamente, por la aprobación apresurada que pretendía hacer la Asamblea de Diputados, de reformas al Código Minero, a través de las cuales se permitía la posibilidad de que gobiernos extranjeros pudieran invertir en las actividades mineras que se llevaran a cabo en nuestro país, incluyendo las comarcas indígenas.  Dichas jornadas concluyeron con el acuerdo de la Coordinadora y el gobierno, en torno al contenido del artículo 5, donde quedara clara la exclusión de la explotación minera en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Ante las acciones de esta semana por el incumplimiento del compromiso pactado, el gobierno, en vez de favorecer la vía del diálogo con la dirigencia de la Coordinadora, para resolver las diferencias, ha escogido la imposición de la fuerza, que ha traído como consecuencia una víctima fatal conocida: el ngäbe Jerónimo Montezuma, así como más de veinte heridos, un número indeterminado de detenidos y de afectados por la represión.  También se desconoce el paradero de los dirigentes de la Coordinadora, Alberto Montezuma y Silvia Carrera.

Por otro lado, la Coordinadora Campesina por la Vida y el Comité Pro-Cierre de Petaquilla han estado escenificando protestas en la vía de acceso de la mina de Petaquilla, en las inmediaciones de Coclesito, provincia de Colón, desde el 31 de enero pasado hasta la fecha, pues rechazan la explotación de los yacimientos  a cielo abierto de oro y cobre de la zona por las empresas Petaquilla Gold y Minera Panamá, por no contar con los estudios de impacto ambiental al momento de la explotación y por no consultar a las comunidades afectadas.  Ignoramos si al momento de confeccionar este Comunicado, la Policía Nacional haya también desalojado por la fuerza a los manifestantes.

Ante los hechos acaecidos expresamos nuestra preocupación por la suerte de los dirigentes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del pueblo Ngäbe-Buglé, de la Coordinadora Campesina por la Vida y del Comité Pro-Cierre de Petaquilla, así como de los manifestantes que les acompañaban.  Hacemos un llamado al gobierno nacional a que deponga el uso de la fuerza, se respete el derecho a la consulta de las comunidades afectadas por   actividades como las hidroeléctricas y la minería a cielo abierto, así como los pactos negociados al respecto.  A las autoridades de investigación criminal y judiciales solicitamos que hagan las investigaciones, de manera imparcial, para determinar las responsabilidades en la muerte de Jerónimo Montezuma y demás violaciones conexas a los derechos de las personas vinculadas a la represión del día de hoy.

Coordinación Nacional.

Panamá, 5 de febrero de 2011.

miércoles, 1 de febrero de 2012

CONVOCATORIA A LA GRAN MARCHA NACIONAL POR LA DEFENSA DEL AGUA Y DE LA VIDA

Desde Cajamarca, 10 de Diciembre 2011

A todos los ciudadanos y ciudadanas que defienden el derecho al agua y la vida digna en el Perú.
A todos los Frentes de Defensa Ambiental;
A los colectivos ecologistas nacionales e internacionales;
A las Rondas Campesinas;
A todos los Colectivos de la Sociedad Civil Organizada;
A las Juntas y Comisiones de Regantes;
A los Productores Agropecuarios;
A los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo;
A las Federaciones de Estudiantes de Universidades e Institutos;
A las organizaciones gremiales y sindicales;
A las diferentes iglesias, autoridades electas, gobiernos locales y regionales;
A los intelectuales, artistas y líderes de opinión…

Los que estamos comprometidos con un Perú socialmente justo y ecológicamente sostenible y que pensamos que el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino respeto de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales; más aún en un contexto en que el cambio climático amenaza el acceso al agua en calidad y cantidad, la agricultura y la alimentación, así como la salud de la mayoría de los peruanos y peruanas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza;

Los que trabajamos porque el Perú se democratice, se oiga y respete la lucha de los pueblos indígenas para defender la amazonía, su derecho a vivir en un país en que la diferencia no sea despreciada; que se promueva el derecho de los pequeños y medianos empresarios, agricultores y ganaderos para asegurar que el país no dependa de una única actividad económica como es la extracción de recursos naturales que son por definición agotables y que aspiramos a que las decisiones económicas y políticas que tomamos hoy dejen un Perú mejor para los niños y jóvenes que vendrán después de nosotros,

Los que pensamos que sin el agua ninguna actividad humana es posible y que no se la puede seguir dañando más de lo que ya lo hemos hecho y que admiramos la sabiduría andina amazónica y costera de nuestros ancestros que supieron ver a la Tierra y el Agua no solo como objeto de expoliación y comercio, sin como Madre Tierra (Pachamama) y Madre Agua (Yacumama) lo que nos permitirá caminar hacia un futuro de paz en que los pueblos no luchen ni hagan guerras por el agua, sino que se convoquen para vivir en armonía duradera;

Los convocamos a la Gran Marcha Nacional por el Agua y por la Vida que se iniciará como caminata en Cajamarca y en todos los pueblos del Perú el día sábado 21 de Enero de 2012 y que, como un gran río fluirá acrecentándose con adhesiones de todos los pueblos hasta confluir en Lima a mediados del mes de febrero para exigir los siguientes cambios normativos y jurídicos:

1. Modificatoria constitucional: para recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales y obtener la declaración constitucional del agua como derecho humano, libre de privatización, la prohibición de actividades mineras en cabeceras de cuencas, glaciares y ecosistemas de alta vulnerabilidad ecológica, así como la prohibición del uso del cianuro y mercurio en actividades mineras de gran y pequeña escala como ya ha ocurrido en muchos países del mundo.

2. Elaboración del Plan Nacional de Protección y Gestión de Recursos Hídricos con prioridad para uso de personas, agricultores, actividades económicas sostenibles y demás usos industriales.

3. Concordamiento del marco normativo ambiental; forestal, agrícola, hídrico, pesquero, minero, energético, petrolero; económico, de consulta de los pueblos, ordenamiento territorial y de descentralización para evitar sobreposición de funciones así como conflictos entre gobierno nacional y gobiernos regionales y locales.

4. Reforma tributaria para que paguen más los que más ganan y la renta de los recursos naturales se orienten a educación, investigación, desarrollo biotecnológico y proyectos de inversión y desarrollo humano sostenible de manera que el Perú no se vea condenando una vez más a un futuro de pobreza y contaminación.

5. Creación del Fondo Nacional de compensación para recuperación de pasivos ambientales generados por actividades mineras, petroleras y de apoyo a los municipios locales para el tratamiento de aguas servidas, residuos sólidos y creación de conciencia ambiental para dejar un Perú mejor para los que vienen después de nosotros.

Comisión Organizadora de la Marcha Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida
Comité Unitario de Lucha por la Defensa del Agua y la Vida - Cajamarca

Comienza la Gran Marcha Nacional del Agua

Este miércoles 1 de febrero en varias ciudades y pueblos de Perú se inició la Gran Marcha Nacional del Agua, iniciativa en apoyo a las comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros en Cajamarca, al norte del país.

La movilización es en contra de la privatización del agua, la no intervención en las cabeceras de cuencas y glaciares y por el reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental. Para ello se reclama a las autoridades nacionales la protección urgente del agua y provisión de un conjunto de instrumentos de política ambiental, como la gestión adecuada de recursos hídricos, ordenamiento territorial y la moratoria de concesiones.                                                                                                                         
Las organizaciones sociales, colectivos indígenas y ecologistas que convocan a la marcha convergen en que la pelea por el agua y los recursos hídricos es una lucha contra el modelo económico neoliberal que tuvo un vigoroso impulso durante el gobierno reciente de Alan García.
En Perú 148 conflictos referidos al agua están activos y 67 latentes. La región oriental de Puno ocupa el primer lugar con 20; le siguen Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. De estos conflictos sociales el 55% se refieren a conflictos por actividades extractivas y pasivos ambientales.

Estos conflictos ocurren luego de que empresas mineras (formales e informales) y de hidrocarburos pretenden ingresar o ingresan a territorios de comunidades campesinas quechuas, aymaras y amazónicas, sin respetar el derecho a la consulta, el medio ambiente, la cosmovisión andina y los recursos naturales indispensables para la sobrevivencia de los pueblos andinos.

El segundo semestre del 2011 en el norte de Perú, en la región de Cajamarca se vivieron ya violentos enfrentamientos entre comunidades campesinas e indígenas y el proyecto minero Conga, que afecta a las cabeceras de cuenca y el agua de la zona.
La pelea por el agua es contra el neoliberalismo

Un comunicado de las organizaciones sociales de Puno, al oriente de Perú, acusa que “experimentamos un nuevo hecho que podría convertirse en una amenaza para toda la vida de las personas y los pueblos: el débil acceso y calidad del agua para el consumo de la población, para las actividades agropecuarias, pesca, culturales, turismo y otras actividades sostenibles y renovables, esto debido al desequilibrio ocurrido entre el modelo de desarrollo económico imperante, el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y la desprotección del medio ambiente, que no contribuyen al desarrollo integral de las personas, ni garantizan para que las futuras generaciones tengan derecho a un ambiente sano y una vida digna”.

En Puno la contaminación del agua dulce alcanza al 80% y sólo el 25% de la población regional accede a agua de manera segura.

En dicha región existen más de 2.262 concesiones mineras ocupando más de 159.33 hectáreas. Sólo en el 2010 se registraron 1,656 solicitudes de concesiones mineras y en el primer semestre del 2011 se habían registrado más de 1,500 solicitudes. A la vez, los efectos de la minería irresponsable en Puno han dejado más de 522 Pasivos Ambientales Mineros PAM, definidos como instalaciones, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas, que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema y la propiedad.
Desde Cajamarca hasta el sur de Perú

En Cajamarca los pueblos empezarán su recorrido en las lagunas de las alturas de Celendín, que el proyecto Conga planea destruir.

En Lima se realizará un Pasacalle-Marcha de colectivos juveniles, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, para celebrar el arranque de esta jornada de movilización pacífica y democrática.

También se llevarán a cabo mítines y movilizaciones en Cusco, Espinar, Canchis, Arequipa, Tambo, Tacna, Ancash, Iquitos y otros lugares de las macro regiones norte, centro, sur y oriente del país.

En Lima además se realizará un Foro Nacional Agua, Minería y Bienestar los días 8 y 9 de febrero, en el que participarán organizaciones sociales, autoridades regionales y expertos nacionales e internacionales.

El 9 de febrero se espera que las delegaciones regionales lleguen a la capital peruana y el día después se instalará un Tribunal de Justicia Hídrica y el acto de cierre de la movilización que partirá de la Plaza Dos de Mayo y culminará con un Acto Político Cultural en la Plaza San Martín.

El Tribunal de Justicia Hídrica hará seguimiento a los conflictos por el agua que hay en el país y se creará una instancia de sanción ética a los destructores y contaminadores del recurso vital.
Agua como derecho humano

La exigencia fundamental de las organizaciones convocantes es que se haga una reforma constitucional que reconozca que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano y su provisión no sea objeto de los negocios privados.

También se pide que no haya más actividad minera en las cabeceras de las cuencas hídricas y los glaciares. “La minería viene produciendo la destrucción de lagunas, glaciares o la alteración de los cursos de los ríos; utiliza agua en forma excesiva a costa de su uso para consumo humano o actividades sostenibles; y contamina las aguas superficiales y subterráneas”- declara la convocatoria.

Otra exigencia es que no se ocupe cianuro ni mercurio en las faenas mineras y una moratoria a las concesiones mineras.

Los gobiernos recientes han concesionado más del 70% de la Amazonía y más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional para actividades mineras y de hidrocarburos, sin consulta previa a los pueblos afectados y sin participación de las autoridades locales y regionales de esos territorios.

Finalmente los pueblos amazónicos y las comunidades campesinas esperan que el Estado promulgue lo más pronto posible un Reglamento de la Ley de Consulta a las comunidades cuando se trate de proyectos que afecten sus territorios y espacios de vida.

(Fuente: boletín de Noticias Impresiones Mías)