miércoles, 4 de julio de 2012

Gobierno hace firmar un acta a corregidores para viabilizar la post consulta en el TIPNIS


ERBOL
El gobierno hizo firmar la noche de este martes a un grupo de corregidores indígenas un acta de aceptación de la consulta para la construcción del tramo dos del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El documento fue firmado por 45 corregidores que asistieron a la convocatoria del Órgano Ejecutivo, de los cuales, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, 18 pertenecen al Consejo Indígena del Sur (CONISUR), organización afiliada a los cocaleros del trópico cochabambino, 12 de la Subcentral TIPNIS y 15 de la Subcentral Isiboro.
La reunión se llevó a cabo en instalaciones del Fondo de Desarrollo Regional en la ciudad de La Paz y estuvo presidida por los ministros de la Presidencia, de Gobierno, de Obras Públicas y de Medio Ambiente, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Vladimir Sánchez y Felipe Quispe, respectivamente.
El diálogo instalado por el gobierno se redujo a la presentación de cada uno de los participantes que fueron dando sus nombres, lugar de procedencia y opinión sobre la realización de la consulta. La mayoría de los presentes demandaba mejoras en la calidad de vida de sus comunidades; pedían asistencia en salud, educación, energía y comunicación. Veían en la consulta una solución a todos sus males.
“Halla nosotros sufrimos, hay mucha enfermedad, queremos que la consulta llegue rápido allá”; señaló Marcelo Machi; “quisiera que vayan y miren nuestras necesidades, nosotros vamos a darles la bienvenida”, dijo Julián Noza Cueva.
“Queremos saber que apoyo nos están ofreciendo”, refirió Alfonso Yuvánore; “vengo a ver cómo es eso de la consulta”, sostuvo Gilberto Roca. Otros corregidores señalaron “queremos que la consulta llegue rápido a nuestra comunidad”; “que esta consulta sea rápida para irnos a nuestras casas”. Estas expresiones se iban repitiendo en la mayoría de los participantes.
El más claro en su pedido fue el cacique mayor y productor de coca del Conisur,  Gumercindo Pradel, quien cerró las intervenciones y propuso la elaboración de un acta, en que todos firmaron, que aprueba la realización de la consulta para decidir la construcción de la carretera.
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, enterado de la firma del documento, dijo que no importa lo que el gobierno haga, pero la lucha de los marchistas que recorrieron más de 600 kilómetros desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz continuará hasta lograr su objetivo.
“Los que han firmado (el acta) están marcando la sentencia de destrucción del TIPNIS, porque es un patrimonio y un bien común, no sólo de los indígenas sino de todos los bolivianos. Juan Ramón Quintana y el presidente Evo Morales serán sometidos a un juicio de responsabilidad por el pueblo boliviano porque no se puede destruir un parque nacional”, manifestó.
En el acta se conformó una comisión integrada por representantes de las subcentrales Tipnis, Secure, además de representantes del Conisur que ingresaran al corazón del Parque Natural, para verificar in situ la situación del territorio por donde pasará el tramo II de la carretera. Esta comisión se reunirá para definir la fecha de ingresa.
Más corregidores en el Conisur
En el acto participaron 18 corregidores del Conisur, eran la mayoría, sin embargo de acuerdo a los registros brindados por el propio gobierno, en el polígono siete sólo existen 12 comunidades. Del dato brindado por Quintana se evidencia que aumentaron seis comunidades más en el Conisur en las últimas horas.

DENUNCIAN UN INTENTO DE INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA A LA SEDE DEL CONAMAQ


ERBOL :
El vocero del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), David Crispin, denunció que la Policía interviene la sede de esa organización indígena que se encuentra en la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. 

“Están 20 policía que no nos dejan entrar a las oficinas, donde están los técnicos trabajando y nuestras autoridades están afuera”, señaló Crispin en contacto con Erbol. 

Según el representante, esta situación es direccionada por regionales de esa organización que fueron desconocidas por el directorio acusados de intentar dividir al CONAMAQ y ahora quieren tomar la sede indígena con el apoyo del gobierno.


“Es el gobierno el que está detrás de todo esto y está avalando a esas regionales desconocidas que están con el Movimiento Al Socialismo y no lo vamos a permitir”, manifestó.

El CONAMAQ fue parte de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y está en la vigilia que se instaló en cercanías de plaza Murillo y la Vicepresidencia

UNA CONSULTA COCALERA PARA LA CARRETERA COCALERA



Flecha yurakare Alejandro Almaraz
La conducta del Gobierno de Evo Morales en el prolongado y cada vez más grave conflicto nacional en torno a la carretera del “quieran o no quieran” viene siendo una inagotable fuente de las más sobrecogedoras revelaciones de doblez, incoherencia y vacío ético. Una de las últimas y más dramáticas de estas revelaciones es la abyecta manipulación mediática de los antecedentes policiales de Bertha Bejarano, con la que se quiso descalificar moralmente una marcha nacional de indígenas respaldada por una amplia mayoría de la ciudadanía.

Es pues impactante que el mismo Gobierno que puso a la cabeza de la inteligencia antinarcóticos del Estado a un pesado narcotraficante, que se dedicó a exportar personalmente toneladas de cocaína valido de su cargo, y que solo paró al ser descubierto y detenido por la DEA, sea quien pretenda lapidar la imagen de Bertha Bejarano y de la movilización que encabeza, divulgando la dolorosa experiencia que ella vivió cuando la desesperación de no poder alimentar a sus seis hijos y la presión de los narcotraficantes la forzaron a transportar al Brasil algunos gramos de droga. Que Bejarano pagó con la cárcel aquella debilidad, y que desde entonces se ha dedicado a luchar para que la miseria no empuje a otras madres indígenas al narcotráfico, por supuesto, no tiene interés alguno en las versiones que el Gobierno ha propalado luego de chantajear sin éxito a la presidenta de la IX marcha.


Pero en medio de la avalancha de despropósitos y exabruptos del Gobierno, algo, si bien absolutamente opuesto a la legalidad y profundamente reñido con la ética y el interés público, parece tener cierta coherencia. El Gobierno insiste con especial obstinación en abrir la consulta sobre la carretera por el TIPNIS a los miembros del Conisur, y, más aún, cuando en estos días condiciona la apertura del urgente diálogo a la participación de los corregidores de “las 63 comunidades”.

No ignora el Gobierno que las 15 comunidades indígenas que componen el Conisur y que habitan el Polígono 7, colindante hacia el sur con el territorio indígena TIPNIS, renunciaron por expresa y libre voluntad a ser parte de ese territorio. De modo que, sin habitar en él, ni tener derecho alguno sobre él, mal podrían ser consultados sobre la carretera que amenaza destruir ese territorio que, en cambio, tiene como legal y legítimo propietario colectivo a las 48 comunidades que lo habitan y que son consignadas en el respectivo proceso agrario de titulación.

El solo hecho de ser indígenas no habilita a los miembros de Conisur a ser destinatarios de la consulta; si así fuera, también tendría que consultarse a los cientos de poblaciones indígenas circundantes al TIPNIS, o a todas las existentes en el país, pues se estaría prescindiendo de la obvia y elemental delimitación de la consulta. Pero tampoco ignora el Gobierno que si Conisur quedó fuera del territorio TIPNIS fue por la plena asimilación de la mayor parte de sus miembros a la organización a la dinámica socioeconómica y a la modalidad individual y parcelaria de ocupación de la tierra de los colonizadores, absorbente mayoría en el Polígono 7, a cuyos sindicatos se hallan afiliadas casi todas las comunidades de Conisur.

Por último, conoce perfectamente el Gobierno que, hasta el pasado año, el Polígono 7 se había convertido en el vigoroso epicentro de la producción de coca ilegal y cocaína, como lo acredita el informe remitido en febrero de este año por el ministro Romero al presidente Morales, recientemente divulgado en Bolpress. Del escalofriante detalle de esta información oficial se deduce, con incontrovertible certeza, que por lo menos una parte importante de la población organizada en los sindicatos cocaleros de los que son parte los miembros de Conisur ha estado centralmente dedicada no sólo a la producción de coca ilegal, como ya se sabía y lo confesó el propio ejecutivo de Conisur en su caso personal, sino también de cocaína.

Es esa coca y esa cocaína del Polígono 7 las que, en el ciego e incontenible impulso por ampliar su frontera, consumaron los brutales e implacables avasallamientos sufridos hasta ahora por el territorio indígena, y son ellas las anhelantes beneficiarias principales de la carretera del “quieran o no quieran”. No es pues casual que la promesa electoral de la carretera, que tiene que cumplirse a cualquier costo, haya sido hecha por el candidato Morales ante sus bases orgánicas del Polígono 7.

Bajo la descarnada ruina moral, defección ideológica y postración política en la que ha caído el Gobierno, tiene pues una siniestra coherencia la pretensión de viabilizar la construcción de la carretera por el TIPNIS, consultando a sus verdaderos beneficiarios, los que, tras el rótulo de Conisur, la necesitan para expandir el “floreciente” y “revolucionario” desarrollo que el “Proceso de cambio” ha llevado al Polígono 7.

PRONUNCIAMIENTO DE LA NOVENA MARCHA INDÍGENA 04/07/12