UNA CONSULTA COCALERA PARA LA CARRETERA COCALERA

Flecha yurakare Alejandro Almaraz

La conducta del Gobierno de Evo Morales en el prolongado y cada vez más grave conflicto nacional en torno a la carretera del “quieran o no quieran” viene siendo una inagotable fuente de las más sobrecogedoras revelaciones de doblez, incoherencia y vacío ético. Una de las últimas y más dramáticas de estas revelaciones es la abyecta manipulación mediática de los antecedentes policiales de Bertha Bejarano, con la que se quiso descalificar moralmente una marcha nacional de indígenas respaldada por una amplia mayoría de la ciudadanía.

Es pues impactante que el mismo Gobierno que puso a la cabeza de la inteligencia antinarcóticos del Estado a un pesado narcotraficante, que se dedicó a exportar personalmente toneladas de cocaína valido de su cargo, y que solo paró al ser descubierto y detenido por la DEA, sea quien pretenda lapidar la imagen de Bertha Bejarano y de la movilización que encabeza, divulgando la dolorosa experiencia que ella vivió cuando la desesperación de no poder alimentar a sus seis hijos y la presión de los narcotraficantes la forzaron a transportar al Brasil algunos gramos de droga. Que Bejarano pagó con la cárcel aquella debilidad, y que desde entonces se ha dedicado a luchar para que la miseria no empuje a otras madres indígenas al narcotráfico, por supuesto, no tiene interés alguno en las versiones que el Gobierno ha propalado luego de chantajear sin éxito a la presidenta de la IX marcha.

Pero en medio de la avalancha de despropósitos y exabruptos del Gobierno, algo, si bien absolutamente opuesto a la legalidad y profundamente reñido con la ética y el interés público, parece tener cierta coherencia. El Gobierno insiste con especial obstinación en abrir la consulta sobre la carretera por el TIPNIS a los miembros del Conisur, y, más aún, cuando en estos días condiciona la apertura del urgente diálogo a la participación de los corregidores de “las 63 comunidades”.

No ignora el Gobierno que las 15 comunidades indígenas que componen el Conisur y que habitan el Polígono 7, colindante hacia el sur con el territorio indígena TIPNIS, renunciaron por expresa y libre voluntad a ser parte de ese territorio. De modo que, sin habitar en él, ni tener derecho alguno sobre él, mal podrían ser consultados sobre la carretera que amenaza destruir ese territorio que, en cambio, tiene como legal y legítimo propietario colectivo a las 48 comunidades que lo habitan y que son consignadas en el respectivo proceso agrario de titulación.

El solo hecho de ser indígenas no habilita a los miembros de Conisur a ser destinatarios de la consulta; si así fuera, también tendría que consultarse a los cientos de poblaciones indígenas circundantes al TIPNIS, o a todas las existentes en el país, pues se estaría prescindiendo de la obvia y elemental delimitación de la consulta. Pero tampoco ignora el Gobierno que si Conisur quedó fuera del territorio TIPNIS fue por la plena asimilación de la mayor parte de sus miembros a la organización a la dinámica socioeconómica y a la modalidad individual y parcelaria de ocupación de la tierra de los colonizadores, absorbente mayoría en el Polígono 7, a cuyos sindicatos se hallan afiliadas casi todas las comunidades de Conisur.

Por último, conoce perfectamente el Gobierno que, hasta el pasado año, el Polígono 7 se había convertido en el vigoroso epicentro de la producción de coca ilegal y cocaína, como lo acredita el informe remitido en febrero de este año por el ministro Romero al presidente Morales, recientemente divulgado en Bolpress. Del escalofriante detalle de esta información oficial se deduce, con incontrovertible certeza, que por lo menos una parte importante de la población organizada en los sindicatos cocaleros de los que son parte los miembros de Conisur ha estado centralmente dedicada no sólo a la producción de coca ilegal, como ya se sabía y lo confesó el propio ejecutivo de Conisur en su caso personal, sino también de cocaína.

Es esa coca y esa cocaína del Polígono 7 las que, en el ciego e incontenible impulso por ampliar su frontera, consumaron los brutales e implacables avasallamientos sufridos hasta ahora por el territorio indígena, y son ellas las anhelantes beneficiarias principales de la carretera del “quieran o no quieran”. No es pues casual que la promesa electoral de la carretera, que tiene que cumplirse a cualquier costo, haya sido hecha por el candidato Morales ante sus bases orgánicas del Polígono 7.

Bajo la descarnada ruina moral, defección ideológica y postración política en la que ha caído el Gobierno, tiene pues una siniestra coherencia la pretensión de viabilizar la construcción de la carretera por el TIPNIS, consultando a sus verdaderos beneficiarios, los que, tras el rótulo de Conisur, la necesitan para expandir el “floreciente” y “revolucionario” desarrollo que el “Proceso de cambio” ha llevado al Polígono 7.